La DGI desmiente la rebaja en los salarios a partir del nuevo decreto

La DGI desmiente la rebaja en los salarios a partir del nuevo decreto

Los trabajadores de la Dirección General Impositiva (DGI) están en conflicto por un decreto del jueves 20 de diciembre, que establece una modificación en el pago de la prima por rendimiento, y que consideran una rebaja salarial. Como una de las medidas, la Asociación de Funcionarios de Impositiva (AFI) ocupó el subsuelo de la DGI. Los trabajadores denuncian que la DGI pretende asociar las bonificaciones por objetivos dentro del salario por lo que, si estas no se cumplen, el trabajador percibirá menos dinero en relación a la cifra estipulada en su categoría. El director General de Rentas Joaquín Serra desmintió que el decreto implique una rebaja salarial. En entrevista con LA REPÚBLICA, Serra explicó el alcance del decreto que regirá a partir de enero y que tiene como objetivo “mejorar la recaudación, bajar la evasión y hacerlo de manera eficiente”.
 
¿Por qué es bueno este decreto?
Bueno, es un decreto promovido por la DGI y por el Ministerio de Economía que firma el presidente de la República Tabaré Vázquez. De lo que se trata es de una adecuación al sistema de pagos variable o primas por rendimiento de los funcionarios de la DGI.
 
Para que se entienda, el funcionario de la DGI cobra un salario fijo y otra parte está afectada al rendimiento.
Exactamente, los sistemas de pago de retribución generalmente cundo se analizan se dice, hay un componente fijo que es el salario fijo mensual, y después hay un complemento que a veces puede ser una comisión, en el caso de un vendedor, o puede ser un premio anual, según la entidad de que se trate. Estas son modalidades de retribución nuevas en el Estado, hasta ahora la administración pública retribuía básicamente a sus funcionarios por salario fijo. En el marco de la reforma de la DGI del año  2005  que reglamenta una ley de 2003, aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos, que habilitó reforzar los créditos de la DGI para inversión y funcionamiento y para generar también un nuevo régimen laboral basado en la dedicación exclusiva y el cumplimiento estricto de las ocho horas de trabajo.
 
¿Por qué este cambio?
Porque como el salario del sector público a lo largo de los años había tenido un deterioro importante, en términos reales, el Estado como manera de retener a los funcionarios fue cada vez exigiéndoles menos. De qué forma, reduciendo las cargas horarias permitiéndoles que tuvieran otros trabajos.
 
Pero eso generó dificultades en el caso de la DGI nuestros inspectores, era tolerado que fueran también asesores fiscales de las empresas. Había un grupo importante de funcionarios que tenían esa forma de trabajo derivado en realidad de un salario que pagaba la DGI muy bajo y era la forma que tenían de mantener a sus familias. Posiblemente, en la mayoría de los casos no había cuestionamientos éticos a la forma de trabajar pero se generaba una visión de que la DGI estaba totalmente permeada por conflictos  de interés.
Ese era el sentido de esta ley aprobada por unanimidad en el Parlamento: fortalecer la administración tributaria, dándole los recursos para que pueda invertir en tecnología, en comunicación, en tecnologías de la comunicación, informática, que es lo que ha permitido todo el desarrollo de los últimos años. Tanto en la facilitación de servicios con la capacidad de procesar información que es el insumo básico para poder definir buenas políticas de control.
 
Los funcionarios de la DGI tienen una retribución diferenciada, expliquemos por qué.
El problema eran los bajos salarios, por lo que también era muy importante generar condiciones de trabajo distintas. En 2005, se acordó con el sindicato un salario fijo mensual que procuraba permitirle a los funcionarios que vivieran dignamente trabajando solo en la DGI. Esos niveles salariales en aquel momento representaron incrementos de entre el 40% y el 300% dependiendo del tipo de función y tarea que realizaban los funcionarios. Hoy el salario de inicio en un cargo administrativo es de 46 mil pesos nominales y en un profesional de 72 mil nominales. El administrativo por carrera administrativa puede llegar hasta los 88 mil nominales y el profesional hasta 175 mil. Lo que importa es ver el promedio para darnos una idea de cual es la realidad. En el sector no profesional el salario nominal mensual son 65 mil, y en el profesional 126 mil pesos. Si uno mira la evolución del salario después de la reforma, de 2006 a la fecha, el salario administrativo tuvo un incremento del 25% y el salario profesional 8%. Eso es lo que hace que la DGI afirme que no ha habido un deterioro del salario de los trabajadores, por el contrario, ha habido un crecimiento. Este último año, había economías y se acordó con el sindicato un incremento adicional por arriba del IPC del 6% que abarcó a las dos terceras partes de los trabajadores. Son los profesionales de los grados de inicio y  el resto de los profesionales administrativos.
 
Además del fijo, hay un componente variable. 
Ese es el otro componente del salario, además del fijo, el variable. El cobro o no, está ligado al cumplimiento de una meta o un resultado concreto. Así es como funciona en cualquier lado. Nadie tiene asegurado ese componente porque depende del nivel de cumplimiento que uno obtenga en su trabajo. Ese pago a su vez corresponde siempre a un esfuerzo adicional al incremento de la productividad.
 
¿Cuánto significa este pago?
Este pago significa el 15% de la retribución anual de un funcionario. Lo cual equivale más o menos a un pago que se realiza en marzo de dos salarios más. Para poner un ejemplo un trabajador que cobrara 55 mil nominales mensual, en marzo si hubiera cumplido todos sus objetivos, cobraría unos 100 mil. Ese es el esquema. Pero a su vez, si no logra los resultados, no cobra cien mil. Si no logró nada no cobra nada, y si logró la mitad cobrará 50 mil. Es así como ha funcionado y nunca nadie ha dicho que si no cobra una meta es una rebaja de salario. Porque la esencia de un pago variable es esa: se cobra o no se cobra.
 
¿Y dónde está el diferendo entonces?
El diferendo está en que hasta ahora los funcionarios tenían una meta grupal. O sea, se medía un producto vinculado al desempeño de un área de trabajo concreta.  Por ejemplo  el área de gestiones, se gestionaba a todas las personas que habían estado omisas en presentar una declaración jurada, por ejemplo. Nuestro sistema se basa en la auto declaración por parte del contribuyente de sus impuestos. Entonces un control que se hace es que si hay una omisión se le manda una citación para que el contribuyente regularice la situación. Muchos vienen, la regularizan y una meta de ese grupo es, bueno, incrementemos las citaciones, para lograr un mejor nivel de cumplimiento. Y eso se ha logrado, año a año, se han incrementado las citaciones. Partimos de unas 80 mil anuales, y hoy estamos en unas 120 mil. Pero lo que no estábamos midiendo es el resultado. Porque el realizar una citación es un instrumento pero no necesariamente significa que logremos reducir las brechas de incumplimiento.
 
¿Qué está proponiendo la administración?
-Incorporar ese componente institucional para que todos tengamos presente que el objetivo y el sentido de la actividad que hacemos es lograr reducir esos incumplimientos.
 
¿Cuánto va a afectar el salario del trabajador? 
-En realidad, para el trabajador, una parte muy pequeña. Siguiendo el ejemplo, si tuviera un pago de cien mil de premio anual y si hubiera cumplido todos sus objetivos grupales, va a seguir cobrando 90 mil. Y hay 10 mil que van a depender de objetivos institucionales: recaudación, reducción de brechas de evasión, eficiencia en la gestión.
 
¿Cuál es el tema de fondo?
El sindicato entiende que  esto significa cambiar las condiciones de retribución. Nuestra opinión es que no, que se trata de un pago variable, y que al ser un pago variable, la administración tiene derecho a fijar qué objetivos son los que tenemos que buscar con nuestro trabajo. Lo que tenemos que hacer es recaudar, bajar la evasión y hacerlo de manera eficiente. Ese es un poco el sentido del cambio. La diferencia de opinión está en ese punto. El sindicato entiende que no se puede modificar el sistema de pago variable. El Estado entiende que sí que se puede cambiar.
 
¿Como ha reaccionado el sistema político? 
Me parece bien que el sistema político se pronuncie en una etapa preelectoral acerca de qué tipo de Estado quiere. Nosotros queremos una administración pública que mida los resultados y que sea transparente, porque cuando decimos que queremos bajar las brechas de evasión explicitamos cuales son las brechas actuales. Y qué objetivos nos proponemos  de reducción y también compensamos al trabajador por la productividad. Yo pienso que eso hace a la modernización del Estado. Y me parece que es lo que, en general, toda la clase política independientemente de los partidos, quiere. Que una administración pública cumpla sus objetivos, que los servicios públicos logren los resultados que se proponen, y que en el caso nuestro es recaudar impuestos.