De lo obligatorio, nada

De lo obligatorio, nada
Contenido exclusivo para suscriptores

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores

Suscribirme

Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar

Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Un candidato del Partido Nacional realizaba hace poco tiempo una fundamentada exposición contraria a la Ley de Inclusión Financiera. Decía más o menos así:

….Esta ley tiene la partida de defunción firmada porque más allá de buenas intenciones es una ley de obligación financiera, de bancarización obligatoria. Y tiene problemas ideológicos porque plantea la sustitución de la libertad del individuo por la tutela del estado.

Es el mismo problema que en el corralito mutual, que avanza sobre la libertad individual en aras de esa tutela. El corazón de la patología de la ley no es la inclusión sino coartar la libertad. Además le ha complicado con trámites la vida a la gente, mucho más a los más chicos y mucho peor en el interior.

Era mucho más fácil sustituir la obligación por la facultad, siguiendo la modernización de todos los sistemas de derecho, que terminan generando libertad para optar, asegurar la chance de elegir y no la obligación de comerciar, pagar cobrar, del modo que desea papá estado….Se generan además grandes complicaciones burocráticas, peores en los más chicos. La obligación atenta contra la libertad y tiene la partida de defunción firmada.

Inclusión, trazabilidad.

Lo que antecede en todo el párrafo anterior, se aplica de modo exacto, idéntico, a dos obligaciones establecidas para el campo por el gobierno socialista: la trazabilidad obligatoria y universal, y los planes obligatorios de uso y manejo del suelo. Y no caben dos opiniones.

O estamos dispuestos a aceptar que el gobierno puede obligar a todos a hacer lo que en su función tutelar cree tener facultades para hacer, o nos afiliamos a un modelo que respeta ante todo la libertad individual, que apuesta a las soluciones indicativas y nunca imperativas, que encuentra como valor supremo confiar en el resultado de las decisiones libres, más que en los atajos que suponen las imposiciones del estado.

Desde el año 2006 y tal vez antes vengo escribiendo en contra de la trazabilidad obligatoria sin parar demasiado a atender a buenas razones económicas o productivas, porque todas ellas deben subordinarse a consideraciones de tipo ideológico o político, que son aquellas con las que en primer lugar hay que abordar el juicio sobre cualquier política pública.

Es obvio que a cualquiera puede seducir poner una obligación que genere un cambio en el precio esperado de la carne, porque así se vendió la trazabilidad obligatoria. Pero aunque fuera realidad que su imposición generara mejores precios, sigue rechinando a cualquier oído mínimamente sensible a la libertad individual, que un buen negocio se tenga que imponer por papá estado, siguiendo el lenguaje del candidato.

Lo mismo pasa con los planes de suelos y el permiso que de hecho hay que pedir al mismo papá para plantar de un modo o de otro, una cultivo o el de más allá, con este o aquel agroquímico, con este tipo o aquel otro de semilla.

El mejor precio del ganado, el cuidado del recurso no renovable como el suelo, la adopción de mejores semillas, todos estos parecen objetivos loables y por tanto confunden siempre, porque son tentadores y algunos no advierten el precio muy caro de la libertad que eliminan. Son formas de no creer en la capacidad de la gente, de los productores, suponiendo que nunca entenderán qué es lo que más les conviene a juicio en este caso del Mgap.

En el caso de la trazabilidad obligatoria, condición ésta que no va a ser fácil abandonar, llama la atención la falta de evaluación oficial que ante su fracaso también comercial, nadie ha emprendido, salvo el recordado amigo Juan Peyrou que publicó sendos trabajos analizando la cuestión de los precios logrados por Uruguay, y los alcanzados por otros países, ninguno de ellos con trazabilidad obligatoria, ya que ningún país exportador la ha implementado: ni USA ni Canadá; ni Brasil ni India, Nueva Zelanda, Australia, Argentina o Paraguay.

Y sigue habiendo un solo mercado de destino, Europa, que la exige para los últimos meses de vida del animal. Es decir que hacemos lo que solo un mercado nos pide, y vendemos sin diferencias con otros como se ha probado. Por cierto no tendría ninguna objeción a montar un sistema de trazabilidad opcional para todo aquel que quisiera alcanzar una determinada condición, por ejemplo de la cuota 481, si alguien pagara la diferencia. Y nada es gratis; sin contar costos anteriores al 2006 que los hubo, el costo de estos doce años no baja de 370 millones de dólares.

En otras palabras 45 mil novillos equivalen cada año al costo del sistema. Y como siempre, y al igual que aquel candidato comentaba para la ley de inclusión financiera, también en estos casos se ha montado en el agro una serie de engorrosísimos trámites, aparición de gestores, fomento de travesuras en los procedimientos por decir algo suave, evidenciándose además un desconocimiento total de las posibilidades reales de contralor de lo que es el Mgap y de aquello en lo que nunca se convertirá –ojalá- que es una policía de la producción contra los propios productores que no cumplen sus dudosamente legítimos mandatos.

Solo la libertad.

Pero el tema es ante todo la libertad. Aunque la trazabilidad obligatoria hubiera logrado mejores precios sin mayores costos, cosa que no ha ocurrido; aunque la ley de suelos hubiera logrado por medios policíacos imponer lo que puede ser tan solo una opinión a considerar cuando se siembra; aunque las recomendaciones vinieran dadas por el Bill Gates de los suelos cuando es obvio que no es así y en materia muy opinable; aunque se hubiera logrado que todos plantaran avena y raigrás certificados en lugar de establecer un mercado negro obvio de semilla comercial; aunque todo eso hubiera pasado, y no pasó, el balance hubiera seguido siendo negativo, porque el costo es el agravio a la libertad, la entrega de decisiones productivas al estado, el abandono del objetivo de la excelencia individual aunque a más largo plazo pero libre, sin el atajo de la intervención central.

Y otro deterioro institucional no menor, que es continuar convirtiendo al Mgap en una herramienta más del sistema policiaco de Gran Hermano montado por el socialismo a través de varios ministerios, DGI, BPS, bancos, sindicatos, etc.

El Mgap debería estar para otra cosa en la que además se siente más cómodo: brindar información, acercar opiniones relevantes, oir a todos, proponer, dar reglas generales y no muchas cosas más.
Así pues ni inclusión financiera obligatoria, ni trazabilidad obligatoria, ni corralito obligatorio, ni planes de suelo obligatorios, ni permisos previos para nada. Reglas generales claras, y dentro de ellas libertad y responsabilidad.