Brasil: lo que se avecina

Brasil: lo que se avecina

En la jornada de este jueves Jair Bolsonaro anunció en la red social Twitter que ya gestiona las concesiones de ferrocarriles, 12 aeropuertos y cuatro terminales portuarias.  El político de extrema derecha también  escribió que “con la confianza del inversor bajo condiciones favorables para la población, rescataremos el desarrollo inicial de la infraestructura de Brasil”.

Y este es precisamente el “mágico truco” que según el mandatario, impulsará el desarrollo económico del gigante sudamericano. Sin embargo se trata de una manida estrategia que tuvo su punto álgido hace varias décadas en América Latina. Recordemos que esa ola de privatizaciones en la región allá por los años 90´, promovida por los gobiernos de derecha, perjudicó  sobre todo a los sectores más vulnerables y las clases más necesitadas. La pérdida de empleos, de derechos laborales, la falta de servicios públicos, la enajenación del patrimonio nacional, la poca capacidad productiva y la concentración del poder económico en unos pocos, fueron algunas de las inevitables consecuencias.

Pero más reciente en el tiempo es, por supuesto, el plan que ya venía aplicando su antecesor Michel Temer.  Hasta finales de 2018 se proyectó  la privatización de 57 servicios públicos, 18 aeropuertos, 16 puertos, 16 concesiones de energía, cuatro empresas y dos carreteras.

El ex gobernante entregó en manos privadas importantes empresas como Eletrobas (la mayor compañía de energía de ese país) y otorgó además el control del 51 % de las acciones de Embraer (ícono aeronáutico) a la multinacional estadounidense Boeing.

Además durante el gobierno de facto disminuyó drásticamente  la estimación presupuestaria colocada para financiar programas sociales y se aplicaron  medidas como la reducción de subsidios.  También se aprobó el congelamiento del gasto público por 20 años. Los resultados de esta disposición se hicieron sentir a través de los recortes a la inversión social en salud, educación, ciencia, pensiones y sueldos del Estado.

A pesar de su manifiesto desconocimiento acerca del aspecto económico,  en una primera etapa de su campaña Jair Bolsonaro se había mostrado  tradicionalmente antagónico a la agenda liberal de privatizaciones  y se identificaba más con el intervencionismo estatal de los gobiernos militares.  Sin embargo Paulo Guedes (ultraliberal formado en la Universidad de Chicago),  en ese entonces asesor económico y actual ministro de Economía, al parecer logró convencer a Bolsonaro de que el apoyo de los bancos y los inversores en bonos, dependía de un programa de liberalización radical y de  privatización que redujera el papel del estado en la economía.

En consecuencia aparecen estos anuncios rimbombantes, en los que el presidente hace énfasis en que “un proceso inicial de privatización reportaría a Brasil cerca de 7.000 millones de reales (1.850 millones de dólares)”.  En este sentido algunos expertos alertan que si el gobernante aspira a reducir la deuda brasileña vendiendo activos, corre el riesgo de empobrecer el Estado. La economista brasileña Laura Carvalho,  ha calificado como “espejismo fiscal” la idea de que se puede reducir la deuda mediante privatizaciones,  basándose en un estudio del FMI del 2012 titulado Accounting devices and fiscal illusions (Dispositivos contables e ilusiones fiscales), de Timothy Irwin. “El Estado recauda con la venta de activos a corto plazo pero pierde los beneficios de la empresa en el futuro”.

A pesar de los riesgos, Tarcisio Gomes de Freitas, nuevo ministro de Infraestructura, ya había adelantado en diciembre que el Gobierno de Bolsonaro prevé privatizar todos los aeropuertos de Brasil en tres años.  Reconoció que aún no se tiene claro si transformar o cerrar Infraero, compañía estatal que hasta el momento administra toda la red de aeropuertos bajo concesión pública. Y finalmente pronosticó que para marzo se hará una primera subasta de los 12 aeropuertos de las regiones norte, noreste y centro-oeste.

Pero ya nada nos sorprende de un presidente que con sus primeras acciones propició que se quedaran sin servicio médico casi 28 millones de brasileños y que despojó a la Fundación Nacional de Indígenas (FUNAI) de la tarea de localizar y delimitar sus tierras, dejando el futuro de los indios en manos de un Ministerio de Agricultura controlado por sus enemigos, los ruralistas.

Sin lugar a dudas el camino de la privatización en Brasil ya se transita definitivamente.  Estos son apenas los primeros capítulos de una historia de la que conocemos el desenlace.  La soga siempre se rompe por el lado más débil.